Por Luis Antonio Cores Castro | Letrado de ACYL Abogados
El panorama de la seguridad financiera en España ha dado un vuelco drástico. Con más de 122.000 delitos cibernéticas detectados en 2025 y un incremento galopante cada año, el fraude digital ya no es un evento aislado, sino una crisis sistémica.
Mientras las entidades financieras celebran el ahorro que supone la transición al mundo virtual, los usuarios se enfrentan a trampas cada vez más indetectables y sofisticadas.
Ya no basta con buscar faltas de ortografía para detectar un engaño. La inteligencia artificial ha permitido a los delincuentes crear mensajes que copian con exactitud milimétrica la imagen y el lenguaje de las empresas reales.
Estos ataques masivos son ahora tan creíbles que logran engañar incluso a personas habituadas al entorno digital, convirtiendo la suplantación en un reto jurídico de primer orden.
A pesar de la implementación de la autenticación reforzada (SCA o Strong Customer Authentication), que exige dobles claves para operar, los delincuentes han encontrado formas de saltarse estos muros. Las entidades suelen argumentar que, si se usaron las claves del cliente, la responsabilidad es de éste por "negligencia". Sin embargo, la justicia está empezando a ver esto como una táctica de los bancos para externalizar sus propios riesgos operativos hacia el consumidor.
El marco legal actual, bajo el Real Decreto-ley 19/2018 que traspuso la Directiva UE 2015/2366, es claro: el banco debe devolver el dinero de operaciones no autorizadas de forma casi inmediata. La única excepción es que el cliente haya actuado con una negligencia grave, un concepto que los jueces interpretan de forma muy estricta.
No se considera falta grave ser engañado por una estafa de alta tecnología que una persona media no podría distinguir de una comunicación oficial. Además, la carga de la prueba recae sobre el banco; es la entidad la que debe demostrar que sus sistemas no fallaron y que hubo una imprudencia inexcusable del usuario.
La simple educación financiera ya no es suficiente frente a delincuentes con recursos técnicos superiores a los de un ciudadano común. El futuro exige que las empresas adopten canales de comunicación certificados y cifrados que garanticen la autenticidad de las comunicaciones.
Además, si la banca se beneficia de los costes reducidos de la digitalización, debe ser también quien asuma los riesgos derivados de la inseguridad de sus propias plataformas, sin que éstos recaigan sobre su clientela.
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